¿Pero Hacienda no éramos todos? ah, si, por eso, por eso tiran, malgastan, despilfarran nuestro dinero público. Por aquello de que el dinero que es de todos no es de nadie, el Ministerio de Hacienda, predica con el ejemplo en España y en lugar de mantener una política de inversión, ahorro, austeridad y apuesta por las empresas españolas, decide despilfarrar más de 2,5 millones de euros en pagar royalties a una corporación tecnológica extranjera. Otro disparate que se une al carrusel del despilfarro.
Realmente impresionante que con la que está cayendo en España, los constantes recortes en servicios esenciales, la subida de impuestos, etc. se empleen ahora en despilfarrar el dinero de toda la ciudadanía española. Pero es que además de principios morales que debían regir en dicho Ministerio en particular y en todas las administraciones públicas en general, es que lo que hay que exigirles es que cumplan la ley.
¿Cómo es posible que se pida a la ciudadanía que cumpla y no evada impuestos, que no defraude, que se acabe con la economía sumergida y que por otro lado, el Ministerio que recauda y gestiona todo eso sea el primero en malgastar dinero público?
“La actual Ley de Contratos del Sector Público, art. 101, como la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece la prohibición general de la especificación de marcas concretas y sólo cabe de forma excepcional y justificada, con la única finalidad de hacer una descripción más comprensible del contrato, sin que ello conlleve en ningún caso la exclusión de otros productos que puedan ser considerados equivalentes. La propia Ley exige que al lado de la marca mencionada deberá ir acompañada de la mención «o equivalente». Es decir la mención de la marca no puede ir dirigida a cerrar el acceso a productos equivalentes. En este caso ni hay justificación alguna en los pliegos ni cabe forma posible de la admisión de variantes equivalentes y la concurrencia de tecnología distinta. Para el que sepa leer el contrato dice en su propio título: Señores empresas de programación y desarrolladores españoles (y europeos y norteamericanos distintos de Microsoft), márchense a casa.
Un contrato de 2 millones de euros supone uno de los últimos cartuchos que podrían servir a nuestra industria perpetuamente pendiente. La exigencia de una marca concreta supone una discriminación y en todo caso una restricción y una especificación abusiva al acceso a la contratación, una discriminación en toda regla a favor del monopolio de siempre. Esto extingue toda competencia posible para productores tecnológicos y deja sólo la de distribuidores, cierra la contratación pública a la industria tecnológica local e incumple la Ley de Contratos del Sector Público.”
Si seguimos sumando millones en licencias de aplicaciones privativas, que pueden ser perfectamente sustituidas por aplicaciones en Software Libre, con mayor calidad, más estables y más seguras, ¿cuántos millones se pueden estar derrochando en la administración pública española?
Las administraciones no hacen más que predicar ahorro ante la crisis, recortan beneficios sociales, en salud, en educación y, sin embargo, en materia de tecnología, ¿dónde está el ahorro? ¿Por qué siguen regalando millones a multinacionales?
Estos millones los pagamos con dinero público y podrían ir destinados a fomentar (tome nota Ministerio de Fomento), a fomentar pequeñas y medianas empresas que ya están dando soporte técnico con una gran calidad a estas soluciones libres, a fomentar a los jóvenes recién graduados que son capaces de aprender del código libre y que no tendrían necesidad de emigrar, a fomentar la cultura de la cooperación entre universidades, comunidades de software libre, pequeñas y medianas empresas y administración pública. Si a todo esto sumamos El derroche en software de las administraciones públicas que es constante, injustificado e incontrolado, ¿qué nos queda?
No hay un solo proyecto de actualización a Software Libre en toda la administración pública central, algo absolutamente incomprensible e injustificable, y continúan gastando millones en licencias. ¿Cuánto será la cantidad total?
Mientras, yo me sigo ratificando en la petición al Gobierno de España: Apuesta por software libre para evitar los recortes en sanidad o educación
